Arrasan inmobiliarias con predios ejidales y costeros de Yucatán
Rebeca González / La Verdad
En la costa yucateca, desde Sisal hasta Telchac Puerto, pasando por Progreso, decenas de empresas desarrolladoras de vivienda de lujo entre las que sobresalen Torre Aura Smart Luxury, Torre Aura, Aura Marena, Aura beach y Tao Sisal, se han apoderado de terrenos dejando a su paso devastación, enfrentamiento y pobreza en los núcleos ejidales ante la permisividad de las autoridades municipales, federales y el gobierno de Yucatán, que autoriza el crecimiento de asentamientos humanos afectando la flora y fauna, denunciaron líderes ejidales.
Organizaciones civiles y representantes de comunidades mayas revelaron que la expansión de megaproyectos, desarrollos de vivienda y proyectos turísticos en la Península, siguen arrasando con las tierras de comunidades y pueblos mayas, incluso con la costa y la biodiversidad.
El colectivo GeoComunes, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. (Ccmss) y Articulación Yucatán, sostienen que los llamados megaproyectos están apegados “al modelo de desarrollo basado en el despojo y la ruptura del tejido social comunitario, y afectan la calidad de vida de sus habitantes y la sostenibilidad de la región”.
En los últimos diez años, cinco sectores económicos: inmobiliario, turístico, agroindustrial, industrial y energético, han tenido exponencial expansión en la Península a costa de recursos naturales del territorio maya.
Proyectos inmobiliarios en la costa de Yucatán
Alterando la calidad de vida de sus habitantes y la sostenibilidad de la región, e incrementando la vulnerabilidad de las comunidades y las personas a causa del daño a los sistemas ambientales.
En su catálogo de fenómenos denominado “Amenazas al territorio en la Península de Yucatán” advierten del avance dañino de los proyectos.
Alfonso Hoil, representante de San José Tipceh, ejido de Muna, dijo que los proyectos urbanísticos y de construcción, ponen en peligro la vida del pueblo maya, pues las instituciones gubernamentales dan autorizaciones sin considerar que se trata de territorios indígenas.
“Queremos que el gobierno respete la ley y que los funcionarios comprendan que se están violentando los derechos de los pueblos y las personas”, manifestó.
María Euán, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muúch’ Xiinbal, dijo que “se está dando un proceso para despojarnos de nuestra tierra e instalar un proyecto de energía solar, y como estamos defendiendo el territorio, somos discriminados”.
“Pero ni así vamos a permitir que alguna empresa nos venga a desalojar, quieren quedarse con más de 700 hectáreas en las que los vecinos trabajamos”, dijo la representante femenil.
Gregorio Hau, representante de Valladolid e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, dijo que proyectos eólicos y fotovoltaicos están generando un incremento en la violencia, pobreza ruptura del tejido social cultural y familiar en las comunidades, también están generando especulación con las tierras despojos con amenazas y violencia eso es lo que está sucediendo en San José Tipceh, Muna y Ebtún.
Sin visión a largo plazo
Sara Cuervo y Adrián Flores coincidieron en mencionar que las inversiones en la región han perseguido las ganancias monetarias sin una visión de sustentabilidad de largo plazo.
Cuando la inversión en un sector deja de ser rentable, el capital transita hacia otros sectores, como pasó cuando la crisis del sector agrícola -madera, chicle y henequén-, redirigió inversiones hacia el turismo y a la agroindustria de la soya transgénica, el sorgo y la palma de aceite.
También ilustra cómo leyes, instituciones y políticas de Estado han sido modificadas estructuralmente para favorecer las estrategias de este modelo depredador.
A finales del 2019 se había anunciado la inversión de más de 11 mil millones de pesos en proyectos de construcción y desarrollo de viviendas y complejos turísticos principalmente de playa o cerca de la playa de Yucatán.
Como ejemplo de lo anterior, los desarrollos inmobiliarios como: Torre Aura Smart Luxury, Torre Aura, Aura Marena, Aura beach y Tao Sisal, fueron frenados durante meses por la llegada a Yucatán de la pandemia de coronavirus.
Dichos proyectos están enfocados al turismo extranjero y nacional, en el puerto de Telchac y en las playas de la costa de Sisal.
Despojo en Dzilam de Bravo
La llamada mafia inmobiliaria que opera en Yucatán desde hace 12 años, no solo ha incrementado sus actividades en los desarrollos inmobiliarios de periferia de Mérida y la zona conurbada, sino que se ha extendido hacia la costa de Yucatán como es el caso del despojo de terrenos nacionales en una franja de playa de 2.5 kilómetros.
Las tierras se ubican en el municipio costero de Dzilam Bravo, donde se construye un parque eólico.
Sin embargo, no es el único caso pues también esta mafia inmobiliaria costera llegó hasta Celestún.
La costa de Yucatán en manos de las inmobiliarias
El despojo a la nación en Dzilam Bravo salió a la luz pública a raíz de un pleito legal entre la Marina Armada de México, que proyecta construir una estación naval en dichos terrenos, y uno de los supuestos propietarios, que supuestamente posee títulos falsos.
En todas las operaciones sale a relucir el nombre de Mario Peraza Ramírez, quien fue director del Catastro en el sexenio pasado, pero también el nombre de Rafael Acosta Solís como prestanombre de varios inversionistas.
Para el despojo de la franja costera, el modus operandi fue que a través de una sesión de cabildo, fue declarada como parte del fundo legal la franja costera; posteriormente fueron cedidas a título de donación a empresas inmobiliarias, que posteriormente las vendieron a particulares. Negocio redondo sin arriesgar un solo peso.
Quienes adquirieron esos predios han sido víctimas de un millonario fraude que involucra a autoridades municipales, escribanos, notarios, catastro, y hasta personal del Insejupy y otras dependencias que avalaron los trámites.
Cecilio Cisneros Rivero, del Consejo de Vigilancia de Ixil; Gilberto Chan Aké, presidente del comisariado de Yaxkukul; Isidro Pech Canché, ejidatario de Baca; Lorenzo Balam Canul, de Samahil; Luis Tzá Sánchez, de Motul, y Matilde May Chan, de Seyé. Pidieron que los poderosos despachos de los compradores de tierras sean objeto de auditorías para saber el origen de sus recursos.
Con la complicidad de autoridades civiles, agrarias y representantes ejidales en las comunidades rurales, durante los 10 últimos años ha aumentado la compra venta de tierras; pagando a 5 pesos el metro cuadrado.
“somos respetuosos de las leyes; hemos confiado en las instituciones pero hasta ahora nos han fallado” indicaron los ejidatarios, quienes se han agrupado en el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida.
En lo ejidos el modus operandi para concretar el despojo se basa en la realización de asambleas ficticias, en las cuales algunos comisarios actúan en contubernio con las presidencias municipales y cada vez son más seguidas y graves porque las dependencias, sabiendo el origen viciado del proceso, las validan sin objetar.
Tierras en manos de acaparadores
En Yucatán existe una superficie de 2 millones 160 mil hectáreas de tierras ejidales, de las cuales, desde la reforma al artículo 27 Constitucional, han sido regularizadas de acuerdo con registros en la Procuraduría Agraria, un millón 500 mil hectáreas, de estas un 50 por ciento, es decir, unas 750 mil hectáreas ya son propiedad de minifundistas, empresarios e inversionistas.
Los interesados en apoderarse de las tierras ejidales de los yucatecos, campesinos en su gran mayoría maya-hablantes que no entienden del todo el español mucho menos saben leer o escribir en este idioma, buscan establecer desde pequeñas empresas turísticas, como pequeños hostales, restaurantes, plazas, desarrollos viviendísticos, grandes hoteles, almacenes, bodegas, industrias diversas hasta parques fotovoltaicos, aprovechando para ellos los recursos naturales que provee la tierra y el sistema de cenotes subterráneos y abiertos.
El pleito por las tierras ejidales resurgió con las reformas al Artículo 27 constitucional en el año 1992; se abría la posibilidad de que personas externas y ajenas al campo pero con solvencia económica se “asociaran” a los campesinos para invertir en las tierras, supuestamente hacerlas producir con el uso de las nuevas tecnologías en el riego y la producción, este nuevo esquema era interpretado tanto por los inversionistas como por las autoridades de acuerdo a los intereses económicos de cada quien, plantea Bartolomé Puga Torres, representante de la Coalición Nacional Campesina y Urbana.
Aunque la ley no establecía el término compra –venta en tierras ejidales, sino enajenación y cesión de derechos, las primeras transacciones entre “inversionistas” y ejidatarios yucatecos se dieron por la vía económica, aunque nunca se han pagado precios justos por la tierra, estas transacciones sirvieron para viciar a los campesinos.
“Los empresarios han arrasado –en los últimos 10 años- con miles de hectáreas en los municipios del interior de Yucatán; se meten a las asambleas, dividen a los ejidatarios y los convencen de “vender” en 5 pesos el metro cuadrado”, expone el representante campesino.
Pero los ciclos inmobiliarios se cumplen, y en Mérida viene un reajuste “natural” de su ciclo inmobiliario, de acuerdo con el director de UnoConsulting, Cristian Canto, quien estima que en 24, máximo 36 meses, puede presentarse “una caída significativa”.
Pero asegura que la plusvalía se mantendrá por las condiciones de calidad de vida y seguridad que ofrece la entidad.
Una de las principales limitantes es que la sobreoferta está haciendo mella.
Además Mérida tiene muy poca densificación y la expansión de la ciudad de los núcleos urbanísticos está generando problemas en el traspaso de proyectos por la lejanía, “muchas de las obras que se realizan están fuera del periférico de la ciudad”, recordó Canto.
Explicó que la mayoría de los desarrolladores, muchos inexpertos, se van por tierra más barata, fuera del periférico, pero eso cobrará factura.
La expansión inmobiliaria de Mérida se ha realizado sin ningún plan urbano que ordene, norme y límite la expansión. El caso más demostrativo es el tema de los llamados “lotes de inversión”, una oferta de terrenos que en realidad es un “timo”, asegura Cristian Canto.
Para el consultor, esta “es la verdadera burbuja inmobiliaria en Mérida”, pues se oferta tierra supuestamente barata, a 40 km de distancia de la ciudad, sin ningún valor, sin ningún servicio. “Las personas la compran por especulación, a raíz del boom inmobiliario, pero es un timo a la gente, no tiene valor, y hay que tener cuidado”.
2,160,000
Hectáreas ejidales
1.500,000
Hectáreas regularizadas
750,000
propiedad de minifundistas,empresarios e inversionistas.