Amparos siguen deteniendo al Proyecto Integral Morelos pese a declaración de AMLO
Aranzazú Ayala Martínez – Lado B
El gobierno federal anunció que este año pondrá en marcha la termoeléctrica de Huexca, Morelos, pero varios amparos siguen poniendo una pausa temporal al megaproyecto
El 10 de septiembre el gobierno federal anunció que la termoeléctrica de Huexca, Morelos, comenzará a operar a finales de este año. Esta es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), que contempla también un acueducto y el Gasoducto Morelos, el cual pasa por la zona del volcán Popocatépetl en Puebla. Sin embargo, el proyecto no podría echarse a andar por varias suspensiones legales y amparos todavía en curso.
En Puebla, el trazo del gasoducto atraviesa por zonas de alto riesgo por la actividad volcánica, identificadas por el Centro Universitario Para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) desde hace al menos cinco años.
Ante el peligro de la obra, hay al menos ocho comunidades que se ampararon en Puebla y Morelos, cuyos juicios no han sido resueltos. Así pues, la obra no puede echarse a andar hasta que haya un veredicto.
Esto contradice lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en rueda de prensa: “Consideramos que está ya todo resuelto, que no hay ya problema legal; se resolvieron todos los amparos”.
La lucha legal sigue
Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos–Puebla–Tlaxcala (FPDTA-MPT), dijo en entrevista para LADO B que en el caso del estado de Puebla existen tres amparos más en la zona del volcán, de las comunidades de Zacatepec (en Juan C. Bonilla), Calpan y Atzala.
Dichos amparos están en etapa de desahogo de pruebas periciales especializadas de temas como afectaciones al medio ambiente, antropología social, geología y seguridad industrial; aún no tienen fecha de resolución.
El abogado explicó que para la mayoría de estos amparos todavía no se cuenta ni siquiera con los peritos oficiales, pues son difíciles de encontrar en estos temas específicos, por lo que no hay fecha para poder definir cuál será el veredicto.
En el caso de las cuatro comunidades amparadas de Atlixco (Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec, San José el Recreo y San Jerónimo Caleras), lo que pasó fue que el recurso legal no suspendió la obra, sino que el amparo reconoció que el gasoducto representaba un riesgo real para la población, por estar en la zona de peligro del volcán Popocatépetl.
Tanto la empresa constructora como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se inconformaron de la resolución, y a partir de septiembre de 2019 se tuvo que iniciar un proceso de consulta indígena a las comunidades directamente afectadas.
Si bien en dos lugares ya se concluyó el proceso de consulta que resultó a favor del gasoducto, en Santa Lucía Cosamaloapan los pobladores corrieron a la Secretaría de Energía (Sener), rechazando el procedimiento.
Foto: Cortesía
En el caso de San Isidro Huilotepec, la defensa legal de las comunidades insiste en que la consulta debe ser acerca del gasoducto y los permisos, pues el amparo fue interpuesto por la obra en sí, y no por las medidas que tomarán la empresa y el gobierno para disminuir los impactos negativos, que resultó al final, ser el motivo de la consulta.
Teresa Castellanos, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), del FPDTA-MPT, Huexca en Resistencia y delegada del Consejo Nacional Indígena (CNI), dijo a LADO B que aunque las autoridades afirmaron que el proceso legal ya está definido y nada detiene la obra, todavía hay otros amparos que sí lo hacen.
Y antes de iniciar cualquier actividad, el amparo debe ser resuelto en su totalidad. En el tema legal, el gobierno federal no puede echar a andar el PIM por ocho suspensiones de obra, todas en Morelos, incluyendo el incumplimiento de amparo de Atlixco, que funcionaría como una suspensión más.
El 17 de septiembre, el FPDTA-MPT emitió un comunicado informando que se interpusieron cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo del PIM, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de la CFE, Manuel Barttlet Diaz y la directora de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros”, entre otros funcionarios y funcionarias.
Este incidente implica que las autoridades responsables tienen que explicar los hechos señalados de violar la suspensión, y si se demuestra que no se está cumpliendo con la misma, tendrán un día hábil para “rectificar su actuar” o de lo contrario enfrentar sanciones.
Esto, a raíz de las declaraciones de López Obrador, Bartlett y Jiménez, quienes dijeron que todos los amparos del PIM ya se habían resuelto. El amparo 1185/2019 del ejido de Amilcingo sigue en etapa de desahogo de pruebas, al igual que los amparos 1180/2019 y 162/2020, que determinan que no se puede desviar el cauce del río Cuautla, y el 1823/2014, que también versa sobre la conservación del río.
Morelos, el último bastión contra el trazo
Gasoducto Morelos. Zacatepec, Juan C Bonilla / Foto: Marlene Martínez
El plantón en Apatlaco, Morelos, es la resistencia física final contra el PIM. Hay cerca de 250 metros sin conectar del acueducto para abastecer a la termoeléctrica, que aún no pueden ser enterrados para llegar hasta la presa.
“Los campesinos no están dispuestos a ceder esa agua, porque también les pertenece”, dijo Teresa Castellanos.
Una de las cosas que piden, de acuerdo con la delegada del CNI, es un diálogo directo con el presidente de México. Una hora completa en la mañanera, dijo Teresa: media hora de nuestros argumentos, media hora de los suyos.
Actualmente, los ejidos afectados en Morelos están en proceso de hacer asambleas y de organizarse, continuando, dijo la activista, la lucha legal para detener la obra que ha causado ya afectaciones.
Las comunidades también han denunciado actos de intimidación en el plantón de Apatlaco, y temen que continúen las represalias.