Más de 22 mil parcelas en ejidos de Yucatán se han privatizado ilegalmente
La Verdad
En menos de 30 años y desde que fue modificado el artículo 27 constitucional ejidatarios de Yucatán han perdido la propiedad social de sus tierras
Desde que la Ley agraria fue modificada, en 1992, hasta mayo de 2019, al menos 22 mil 600 parcelas que representan una superficie de 192 mil 600 hectáreas dejaron de ser tierras ejidales para convertirse en propiedad privada y hasta minifundios en Yucatán.
Este proceso es particularmente grave en la Península de Yucatán, donde se emplea la presión para que las comunidades y los campesinos cedan sus territorios para instalar megaproyectos energéticos, turísticos, inmobiliarios, agroindustriales y de infraestructura, bajo diversos esquemas seudolegales, incluyendo consultas viciadas como el caso de San José Tipceh.
Otro esquema que representa un esquema de despojo es la “renta” de las tierras por sumas muy bajas, explica Sergio Madrid del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Existen contratos de renta por decenas de años, a precios muy bajos y con cláusulas para poder prorrogar otros 20 o 30 años el contrato de convenir a quien lo renta.
El despojo del territorio, la privatización de las rentas tiene consecuencias muy profundas, dijo.
No solo implica la pérdida de la tierra, sino la transformación forzada de los modos de vida ancestrales asociados a los territorio y a la alteración drástica de las relaciones sociales de las comunidades.
Los ejidos, las comunidades agrarias y los pueblos indígenas de Yucatán son quienes han protegido y conservado la diversidad biológica de los ecosistemas, son depositarios de recursos hídricos, así como del 60% de los bosques y selvas y al pasar las tierras a la propiedad privada se pierde esta custodia de la biodiversidad.