Comunidades totonacas confían que juez cancele permisos del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1
Gabriela Hernández / Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Las comunidades totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec manifestaron su confianza de que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil y Administrativa de Puebla cancele los permisos del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que busca abastecer de energía a WalMart, Waldo’s y Vips, entre otras empresas.
Luego de que el pasado jueves 11 se realizó la audiencia constitucional del juicio de amparo 598/2016, las comunidades demandantes, acompañadas por el Consejo Tiyat Tlali y Fundar, advirtieron que tras tres años de juicio se ha llegado a un momento decisivo que esperan se resuelva a favor de los afectados.
Recordaron que el juicio se interpuso en 2016 en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), autorizado a favor de la empresa Deselec-1-Comexhidro para abastecer de energía a sus socias.
Dicho proyecto consiste en la construcción de las presas Ahuacoya y Zoquiapa, dentro del territorio de las comunidades San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.
Las comunidades reclamaron a diversas autoridades, entre ellas las secretarías de Energía (Sener) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las respectivas presidencias municipales, por entregar los permisos para la concreción del plan hidroeléctrico, sin haber realizado, como lo impone el marco internacional, una consulta a las comunidades indígenas, lo que violenta el derecho de sus pobladores a decidir sobre su territorio y tierra.
Además de eso, subrayaron, no se realizaron estudios sobre los impactos sociales del proyecto.
Según los denunciantes, en el expediente existen peritajes que sostienen que la hidroeléctrica en esa zona de la Sierra Norte de Puebla tendrá impactos en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
También reclamaron la revisión de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), pues consideran que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que prevé esta legislación es contrario a los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas.
De igual manera, las comunidades rechazaron la supuesta consulta indígena que la Secretaría de Energía realizó de marzo a abril de 2015, y que ha sido presentada como prueba tanto por las autoridades como por la empresa, para afirmar que el proyecto cuenta con el consentimiento de las comunidades involucradas.
“Y es que se trató de una simulación, pues los permisos que dan lugar al PHP1 comenzaron a entregarse en 2009, mucho antes de la supuesta consulta, lo que constituye una clara violación al carácter previo, libre e informado exigido por los estándares internacionales en la materia”, señala el escrito divulgado por los pueblos totonacos.
Abundaron que en los tres años de juicio hubo irregularidades que fueron denunciadas en su momento, como el supuesto desistimiento de demanda de algunos de los quejosos, la falsificación de firmas y el extravío de ocho tomos anexos al expediente de amparo principal.
Aunado a ello, tuvieron lugar situaciones de hostigamiento y criminalización, no sólo hacia las personas integrantes de las comunidades demandantes, que forman parte de los Comités de Defensa del Río Ajajalpan, sino hacia las organizaciones que han acompañado la defensa de los pueblos, denunciaron.