El lunes 25, junto a las ruinas del edificio de Álvaro Obregón 286, familiares de personas atrapadas en los escombros estallaron contra los gobiernos federal y capitalino. Estas instancias les hicieron firmar un “acuerdo de confidencialidad”, supuestamente para otorgarles información oficial sólida y evitar rumores o malos entendidos, pero en realidad lo usaban para ocultar el hallazgo de muertos y disponer de sus restos sin informarles a los deudos. Al descubrirlo, éstos no tuvieron más salida que denunciar públicamente la operación mordaza.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los familiares de las personas atrapadas en el edificio de Álvaro Obregón 286, en colonia Roma, hicieron a un lado el silencio que hasta ese momento los gobiernos federal y capitalino les habían exigido –con papel “legal” firmado de por medio– y comenzaron una rebelión en cuanto supieron que el gobierno estaba administrando a los muertos.

En la carpa instalada en la calle, a unos metros del edificio colapsado, el lunes 25, a las nueve de la noche, hubo un encuentro de los representantes de los dos gobiernos con las familias, en el que se alcanzaban a escuchar gritos de angustia, de reclamo, de rabia contra las autoridades por esconder los cuerpos, por ocultar información.

¡Queremos a la prensa, que lo sepa todo el mundo. Dejen entrar a los diplomáticos!

Más gritos:

¡Ya entréguenlos, son muchos días; si tenían posibilidad de vida, ustedes se la están quitando!

¡Ni el Ejército ni la Marina han hecho ni madres! ¡Nada más agarrar el pinche lazo! ¡Dejen entrar a los rescatistas!

¡Eres un mentiroso, cabrón, un mentiroso de primera! ¡Su protocolo no sirve, Morgan!

Esa noche concluía la primera semana después de que el sismo engulló a sus familiares, muchos de ellos atrapados en el cuarto piso del inmueble donde tenían un evento en un despacho de contabilidad. El tiempo que se agota, la paciencia también.

En esa reunión algunos de los asistentes decidieron romper el silencio, quitarse la mordaza que ambos gobiernos, desde el inicio de los rescates, habían exigido a los parientes de las víctimas –haciéndoles firmar, según dicen, un acuerdo de confidencialidad–, y permitieron que un celular grabara lo dicho en el encuentro, que después creció cuando, esa noche, se atrevieron a denunciar las irregularidades a la prensa, y eso hizo que ayer, martes 26, interviniera la Secretaría de Gobernación, representada por el subsecretario Roberto Campa, quien les prometió lo que durante ocho días habían pedido: transparencia con el manejo de los cuerpos rescatados.

En esta nota se transcriben algunos de los reclamos que en privado, el lunes 25 a las nueve de la noche, hicieron los familiares a las autoridades cuando la rebelión iniciaba.

En la grabación se escucha a un hombre que tomó la palabra y mencionó el pacto del silencio con el que los funcionarios amordazaron a las familias por una semana.

Dijo: “Definitivamente no se ha cumplido con lo acordado y actualmente no tenemos idea de dónde están nuestros familiares, ni cuántos han salido, ni de qué manera, ni cómo ha sido el traslado al Semefo. Nos pidieron alta discreción con la prensa, y en este acuerdo lo dicen, para que no se generaran los rumores ni en redes sociales ni con lo que es prensa, así como tienen restringidos a muchos de los brigadistas que no pueden tener celulares para no sacar fotos”.

Tras una corta pausa, explotó: “Ya entendimos que era un tema que no tiene que ver con un respeto hacia nosotros. ¡La circunstancia es que hay alta probabilidad de estén haciendo cochinadas con nuestros familiares, con nuestro sentimiento, nuestro duelo!”

Por más que los funcionarios hablaban de los protocolos que tenían que seguir para identificar a las víctimas, o para informar a las familias, esa noche ninguna explicación paliaba el sentimiento de traición. La mecha se había acabado.

Desde un día antes, en la carpa negra del campamento donde fueron ubicadas las familias se habían escuchado las inconformidades. Ese domingo, a las 11 de la mañana, las autoridades firmaron con los familiares “autorizados” como interlocutores unos acuerdos para manejar información y evitar protestas como las que se habían suscitado durante la madrugada, cuando, desde la calle, algunas personas denunciaron que el gobierno negaba información.

Los parientes con permiso para ingresar al patio de las maniobras –son dos por víctima– aceptaron esos acuerdos y los firmaron con funcionarios de la Policía Federal, un vocero del jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, una representante de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad y un testigo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero la situación se fue descomponiendo cuando descubrieron anomalías, cuando se convencieron de que eran ciertos los rumores acerca de que, en equipo, gobierno federal y local ocultaban los cuerpos o personas rescatados de los escombros.

“Vi cinco cuerpos, nunca nos informaron”

El joven hermano de una víctima muestra a la reportera el video que grabó el viernes 23, cuando logró colarse a la zona de rescates –al que no se tiene vista porque está tapado con una enorme manta–, que muestra que a un lado de los destrozos está un cuerpo tendido, tapado por una colcha rosa.

En su relato asegura que vio cinco cadáveres, pero sólo pudo grabar éste. Recuerda la pestilencia, ese olor a descomposición que el gobierno usa como argumento para rechazar ayuda de otros rescatistas que no sean funcionarios o de equipos internacionales.

Se le hizo raro que ni esa noche ni las siguientes se les informó sobre esos cuerpos que él vio. Nadie les pidió que fueran a identificarlos.

“Vi cinco cuerpos el 23 de septiembre, pero de esos cuerpos jamás se informó hasta ayer (domingo). Entonces esos cuerpos que vi, ¿dónde están? Yo hablo por los que vi, pero ¿y los que no vi dónde están?”, dice, y como sabe que viola los protocolos que les hizo firmar el gobierno, pide el anonimato para esta entrevista.

En la sección donde se ubican las familias también se supo que una joven había sido rescatada con vida. Nadie avisó a sus familiares, que estuvieron esperando bajo la triste carpa negra, marchitándose con cada minuto sin noticias. Según dicen aquí, ella murió sola, en calidad de desconocida en un hospital. Y esa historia, y la posibilidad de que sus seres queridos corran una suerte similar, los tiene furiosos, tristes, nerviosos.

Otra de las historias que cuentan es la del marino que hizo señas al chofer de dos ambulancias para que saliera de la vista de padres y madres. Un joven vio que le indicó que se estacionara atrás, por la calle de Ámsterdam, donde la Marina no permite el acceso.

Descubrieron entonces que, efectivamente, los cuerpos estaban siendo sacados por otro rumbo. Dicen que ya constataron que a las personas rescatadas dejaron de sacarlas en ambulancias; ahora se las llevan ocultas en patrullas.

Por eso, cuando una familia que estuvo haciendo guardia como todos, recibió la llamada del Semefo para que ubicara a su familiar, todos se sintieron burlados.

Esa noche del 25 comenzó por eso la rebelión, el enfrentamiento con los funcionarios que representan a las instituciones que los engañaron, las que ocultan información.

Las preguntas son compartidas: ¿cómo es posible que a una semana de la tragedia ningún gobierno haya dado a conocer una lista con los nombres de las personas encontradas y las que fueron sacadas muertas o heridas, y las que fueron hospitalizadas? ¿Por qué ese trabajo lo ha tenido que hacer la sociedad civil? ¿Por qué el silencio?

Una mujer que estaba en el campamento la noche de ese lunes explicó la causa del enojo: “Se supone que han encontrado cuerpos, pero no los entregaron a los familiares: hay cuerpos que se enviaron al Semefo y nunca fueron denunciados. Hay personas que dicen que desde el martes comenzaron a sacar cuerpos, pero apenas ayer, domingo, nos empezaron a entregar”.

–¿Por qué no denunciaron antes esta situación? –se le pregunta.

–A todos se nos hizo firmar una carta de confidencialidad donde toda la información iba a ser confidencial, que no saliera afuera, que no dijéramos nada a los medios. Se estaba prestando a que todo se manejara en secreto y, si no, las personas iban a tener consecuencias, iban a ser denunciadas.

Un integrante de otra familia confirma: “Hay varios cuerpos que sacaron y no nos avisan, hay varios familiares esperando igual y les hablan de la Semefo que sus familiares ya están allá, que los vayan a recoger. Ese es el coraje que tenemos. Hicimos un acuerdo, habían quedado que nos iban a decir individualmente cuando fueran rescatados vivos o muertos; iban a informarnos, pero están fallando”.

–¿Es cierto que les prohibieron hablar?

–Hicimos un acuerdo para que no se dieran malos entendidos tanto en redes sociales como en la prensa, para que el asunto se quedara interno, pero como ellos son los que están incumpliendo decidimos que saliera a la luz. Y el patrón de la Policía Federal no quiso dar la cara a los medios.

El lunes por la noche los familiares se quejaban de la traición de los funcionarios al pacto firmado entre ambos.

Proceso obtuvo una copia del acuerdo que los representantes de cada familia firmaron la mañana del domingo 24 de septiembre con las siguientes autoridades: el comisario José Luis Pliego Corona, de la División Científica de la Policía Federal; Humberto Morgan Colon, vocero del gobierno de la Ciudad de México ante los familiares; Leticia Robles Mendoza, directora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de la PGJ CDMX; Arturo González Piñón, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Llama la atención que el primer punto de discusión es un reclamo de las autoridades para que las familias “no hagan caso a los rumores sin fundamento, con objeto de evitar este tipo de inconformidades”. Las autoridades se referían a las protestas de personas “del exterior” que se quejaban por no tener la información adecuada. Entonces, según quedó escrito en el documento, les hicieron ver que “ellos sí la tienen aquí (la información), en el área que se les destinó que es una carpa, puesto que la información que las autoridades proporcionan aquí es sólo la oficial”.

Para evitar protestas como las que se suscitaron esa madrugada, ambas partes acordaron que el gobierno elaboraría una lista con los siguientes rubros: “Personas rescatadas. Fallecidas y pendientes por rescatar, donde se incluya el nombre completo de la víctima, su sexo y el nombre del familiar titular. Que todo lo anterior llevaría a crear un clima de confianza y que también evitaría se suscitaran acontecimientos como el de la madrugada”.

También se acordó que, para que no hubiera filtraciones o malos entendidos, se suspenderían los informes en espacios exteriores y sólo se darían adentro de las carpas y ante los representantes autorizados de cada víctima.

El gobierno, a su vez, se comprometía a convocar a reuniones informativas con los familiares “sobre los acontecimientos que son necesarios comentar” (sic) y cuando se tuviera noticia de algún rescatado, persona con vida o ya fallecido.

El siguiente acuerdo era que la Policía Federal notificaría de cada rescate a un familiar, siempre acompañado por un psicólogo de la procuraduría de justicia; en otro punto el representante de la PF pidió la presencia de un funcionario de la CNDH para que acompañara cada notificación.

Otro punto es el compromiso de Mancera de que no cesarían labores hasta que se rescatara la última persona de la lista, y –queda explícito- “para ello existían las condiciones humanas, materiales y de voluntad de ambas partes”.

A cada representante se le pidió su firma para que quedara en esa “constancia legal”, según refiere el documento. La reunión empezó a las nueve y media de la mañana y acabó a las 11. Diez horas después, cuando las familias constataron que había un operativo para sacar los cuerpos a escondidas, comenzó la rebelión, los reclamos, las recriminaciones, la rabia.

“Nos tienen hasta la madre”

De la reunión bajo la carpa se alcanzaron a escuchar gritos como estos:

¡Tienen los documentos para identificar a nuestros familiares, les dimos hasta qué tipo de celular tenían… nada!

¡Queremos gente de los rescatistas que están afuera, gente que viene a trabajar, no a las que no hacen nada!

¡Afuera hay 30 elementos que tienen expertos, que tienen perros, pero no los dejan pasar!

Cada tanto se escuchaba la voz de un funcionario. En un caso era la de Morgan, el enlace de Mancera, quien trataba de explicar que existen protocolos que se tienen que cumplir antes de la entrega. Por esa respuesta recibió insultos de cabrón y mentiroso.

A los representantes de la Policía Federal y el gobierno capitalino les exigieron que dejaran a la gente pasar al Semefo para ver los cadáveres y constatar que sus parientes no estaban ahí. Un funcionario dijo que sí, que podrían pasar, pero advirtió que el acceso se tenía que autorizar. Entonces, otros gritos:

¿Cuándo nos van a pasar? ¿Tres días después?

Los familiares, arrancándose la mordaza impuesta, sabiendo que la mala publicidad es el punto débil del gobierno, comenzaron a corear a gritos: “¡Prensa, prensa, prensa, prensa!”

Alguien denunció que desde el medio día no habían permitido el ingreso de los cuerpos de rescate chilenos y argentinos que estaban afuera. Eso desató otro grito a coro, una exigencia: “¡Rescatistas, rescatistas, rescatistas!”

Cada intervención de los funcionarios de gobierno con su esbozo de explicación o la alusión al mentado protocolo quedaban empañados por los gritos de enojo, de desesperación, de impaciencia:

¡Llevamos siete días aquí maltratándonos con protocolos, con mentiras!

¿Dónde están los cuerpos?

Los israelitas dijeron que todavía había vida.

En la grabación, la persona que la proporcionó a la reportera tomó el celular para explicar mejor la situación:

“Han sacado cuerpos. Los están escondiendo, no dicen dónde están. ¡Ya estamos hasta la madre, llevamos siete días aquí! Sacan los cuerpos por atrás, los están escondiendo, algo esconden aquí. ¿Qué?, no lo sé. ¿Qué ganan no entregándolos?”

Un funcionario dijo al final que entregaría a los inconformes una copia del acta de acuerdos de esa reunión, que más parecía rebelión, para que pudieran “analizarla, definirla, confirmar los nuevos compromisos”. Pero las familias ya no quieren actas, quieren hechos.

El representante de la Policía Federal, queriendo lavarse las manos, se comprometió a investigar quién había incumplido el pacto de informar a las familias de los rescates. Como si él no fuera uno de los comprometidos a hacerlo.

La grabación de la reunión se cortó. Pero esa noche continuó la defensa de los familiares que pelean por los de su sangre. Treinta minutos antes de la media noche convocaron a una conferencia de prensa en la que destaparon la situación: que el gobierno se burla de las familias, juega con sus esperanzas; que administra los cuerpos, los oculta; que esconde información.

El escándalo surtió efecto. El martes 26, el subsecretario Roberto Campa se reunió con los familiares y prometió lo que hasta el momento la dupla del gobierno federal y capitalino habían negado: información diaria sobre los rescates y una unidad móvil del Semefo donde se pudiera identificar los cuerpos y entregarlos a sus familiares. Esto, ocho días después del sismo que sepultó a gente y desnudó prácticas de gobierno similares a las de 1985.

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