Constructoras cobran millones por viviendas que nunca hicieron para damnificados en Guerrero

El Gobierno federal proyectó la construcción de mil 100 casas para familias guerrerenses damnificadas por los huracanes ‘Íngrid’ y ‘Manuel’ de 2013. Sólo entregó 598 y gastó como si hubiera hecho más de 2 mil.

Hay dos constructoras denunciadas y dos funcionarios inhabilitados por 10 años: Héctor Vicario Castrejón, exdelegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y la excoordinadora de delegaciones de la dependencia, Sheila Karin Ortega Muciño.

La investigación apenas comienza. La construcción del fraccionamiento, junto a la Autopista del Sol en Chilpancingo, fue parte del Plan Nuevo Guerrero.

El sobrecosto de la obra comenzó con la compra de un terreno de más de 30 millones pesos al que no se le hicieron estudios de impacto ambiental.

De acuerdo con el actual delegado de Sedatu, José Manuel Armenta Tello, esto fue una negligencia.

Primero, porque se tuvo que reducir el proyecto de mil 100 viviendas a 598, de las cuales 32 tienen que ser demolidas, como se informó el año pasado en Despierta.

Y segundo, porque se gastó en obras millonarias para minimizar los efectos del impacto ambiental. En julio de 2015, la Sedatu otorgó a la empresa Servicios en concreto Maza S.A de C.V. dos contratos para realizar las obras: uno por más de 21 millones de pesos y otro por 78 millones.

“Superan los 100 millones de pesos las obras de mitigación. Es una obra grande, son muros de contención, son lanzados de concretos”, enfatizó el delegado de Sedatu.

Armenta Tello considera que si se hubieran realizado los estudios como lo establece la ley, el terreno habría sido descartado.

En entrevista para Despierta antes de ser inhabilitado, el exdelegado de Sedatu, Héctor Vicario Castrejón, dijo que dependencias estatales y el gobierno federal avalaron tanto la elección del lugar, como empezar la obra sin estudios de impacto ambiental.

“Ellos nos respondieron que los terrenos elegidos para la ubicación de los damnificados son aptos para los asentamientos humanos”, reiteró Vicario Castrejón.

“Se establece una mesa de alto consenso donde participan Sedatu, Semarnat, Profepa de oficinas centrales y se inician los trámites”, señaló el exdelegado de la Sedatu en Guerrero.

El sobrecosto de El Mirador tiene que ver, principalmente, con trabajos millonarios que el exdelegado Héctor Vicario contrató y pagó, pero no se ejecutaron.

La empresa Jumen S.A de C.V. recibió poco más de 14 millones de pesos como adelanto para la construcción de 252 viviendas, construcción que nunca empezó.

De acuerdo con la denuncia que presentó la actual administración de Sedatu en el estado, el representante legal de la empresa argumenta que es imposible devolver el dinero pues se utilizó para la construcción de otro fraccionamiento, también encargado por Sedatu y por la que recibió su respectivo adelanto.

La delegación pide que se investigue y se determine si existe un delito por desviar recursos federales para otro fin.

Este pago de obra no realizada fue observado en una auditoria del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, según la Cédula de Observaciones.

Los servidores públicos encargados de atender las funciones del Programa Fondo de Desastre Naturales, Fonden, no realizaron la debida supervisión, seguimiento y control a los contratos cancelados o no ejecutados. Lo que se podría derivar en posible daño patrimonial al erario público federal.

Los servidores públicos señalados son Héctor Vicario Castrejón y Sheila Karin Ortega Muciño, excoordinadora de delegaciones de la Sedatu, ambos inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública del 11 de agosto de 2017 al 8 de agosto de 2027. La razón: negligencia administrativa.

Según documentos obtenidos por Despierta, Jumen no fue la única constructora que recibió dinero de Sedatu y no entregó casas en el fraccionamiento El Mirador. Lo mismo ocurrió con CASAFLEX.

Constructoras cobran millones por viviendas que nunca hicieron para damnificados en Guerrero. (Noticieros Televisa)

El Gobierno federal le dio dos contratos para la construcción de 367 viviendas, en total, recibió 21 millones 560 mil 275 pesos que incluían los adelantos y un pago adicional.

Ambas cifras del dinero que se pagó y que suman los 21 millones 560 mil pesos

La Sedatu denunció y solicitó el reintegro del dinero pues CASAFLEX no entregó una sola casa. La investigación sigue.

En el Fraccionamiento El Mirador, cada casa costó 693 mil 144 pesos, cuatro veces más de lo proyectado por el Gobierno federal, que estima este tipo de casas en 190 mil pesos.

En total, sólo en este fraccionamiento se gastó casi 36 millones de pesos en obra que no se ejecutó.

30 millones 205 mil del terreno, casi 103 millones de obras para minimizar el impacto al ambiente y 245 millones 430 mil pesos para la construcción de viviendas, infraestructura e introducción de servicios. En total se gastaron 414 millones y medio por 598 viviendas.

Es decir, que cada una costó 693 mil 144 pesos, casi cuatro veces más de lo proyectado por el gobierno federal que estima este tipo de casas en aproximadamente 190 mil pesos.

Con información de Ana Lucía Hernández

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-09-07/constructoras-cobran-millones-viviendas-que-nunca-hicieron-damnificados-guerrero/