Vendió comisario 600 hectáreas sin anuencia (Yucatán)


Por numerosas irregularidades cometidas por el comisario de Tecoh, Efraín Mendoza Ek, unos 50 ejidatarios solicitaron a la Procuraduría Agraria la anulación de la supuesta asamblea efectuada el 23 de abril y una auditoría por la venta de 600 hectáreas.

Pero lo peor, señalan, es que Mendoza Ek se niega a informar el monto de la venta, el nombre del comprador y el destino que se le dará a las tierras.

Asimismo reprobaron la actitud de la notario público María del Carmen Baltazar Arceo y del visitador de la PA, Roberto Buenfil, por “solapar la ficticia asamblea.

Ayer, a las 13 horas se efectuó una segunda reunión en la sala de juntas de la PA. El comisario se presentó, pero después se retiró de la delegación, ubicada en la calle 63 con 66 del Centro Histórico de Mérida, ya que se abstuvo a rendir cuentas en torno a las irregularidades cometidas de 2015 a la fecha.

El representante de los afectados, Baldomero Uc Ceh, indicó que el 23 de abril tuvo lugar “una reunión, ya que no fue una asamblea”, en la cual se informó de la ilegal venta de 600 hectáreas, ubicadas entre Mayapán y Tekit.

“Fue un acto ilegal, porque nunca hubo consulta y en ningún momento se especificó a quién se le vendió ni el costo real, mucho menos presentó un croquis del terreno”.

“Un día antes de la reunión, a los ejidatarios nos pidió que vayamos a cobrar 10 mil pesos, sin especificar el motivo, pero al llegar a la comisaría dijo que sólo entregaría cinco mil pesos por persona, pues descontó cifra similar por papeleo”.

Para lograr la venta, acudió a la casa de los ejidatarios para presionarlos. También se aprovechó del vicio de algunas personas, a quienes les regaló una o dos botellas de alcohol a cambio de sus firmas”.

En dicha “asamblea igualmente se usurpó el nombre de fallecidos. Queremos impugnar la asamblea y una auditoría, porque nos quieren despojar de nuestro patrimonio”.

VERSIÓN OFICIAL

En conferencia de prensa, el delegado de la PA, Omar Corzo Olán, aclaró que la asamblea fue avalada por un notario público y un representante de esta dependencia federal, tal como lo establece el artículo 28.

“La Procuraduría está obligada a garantizar que se cumpla con la asamblea conforme a la ley, pero no puede intervenir de manera directa ya que los ejidos son autónomos”, abundó.

En torno a la denuncia en contra del visitador agrario, Roberto Buenfil, aclaró que para que pueda proceder, los inconformes deben presentar un escrito ante la Dirección General de Quejas y el Órgano de Control, para iniciar la investigación correspondiente. El documento debe contar con los elementos para sustentar la querella.

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