Almaden Minerals mintió a Semarnat y a pobladores de Ixtacamaxtitlán (Puebla)

Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez / LADO B

¿Cómo entró Almaden Minerals al municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra de Puebla? ¿Qué Derechos Humanos de los habitantes ha violado, qué mentiras les ha dicho, cuáles son las ganancias que espera de explotar durante 14 años? Esas preguntas son las que se responden en el informe “Minería canadiense en Puebla y su impacto en los Derechos Humanos: por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán en la cuenca del río Apulco”, realizado por varias organizaciones y habitantes de comunidades afectadas del municipio de Puebla.

Este documento es el primero de su tipo en México: se hizo desde y para los afectados, investigando a la empresa y las consecuencias del proyecto. Y no como sucede comúnmente: desde las compañías hacia los habitantes. Desde hace dos años y medio las organizaciones PODER, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el consejo Tiyat Tlali han acompañado a las comunidades afectadas por el megaproyecto minero de extracción de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra de Puebla, a cargo de la empresa canadiense Almaden Minerals. Estos son los principales hallazgos del informe.
En diciembre de 2016 la Semarnat negó la autorización a Almaden Minerals y su filial Minera Gorrión para continuar con la exploración en el municipio de Ixtacamatitlán, después de que la empresa ingresara el Informe Preventivo Ixtaca IV. La autoridad medioambiental determinó que no hay garantías de que el proyecto no vaya a causar desequilibrio ecológico, y tampoco se asegura que la exploración no va a afectar más del 25% de la superficie de afectación.

En la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH), las organizaciones encontraron que Minera Gorrión y Minera Gavilán son empresas subsidiarias de la misma Almaden Minerals. Ambas compañías han pedido en momentos distintos permisos para la exploración en Ixtacamaxtitlán; la empresa canadiense simuló que eran compañías separadas que pedían autorizaciones para proyectos distintos.

De acuerdo con los activistas y defensores, Almaden hizo 236 barrenos (perforaciones) más de los que le autorizó la Semarnat en los últimos 5 años. Además el Informe Preventivo Ixtaca IV, rechazado por la autoridad ambiental, es poco claro en cuanto a los lugares para barrenar y la profundidad de los mismos.

Los pobladores se organizaron y denunciaron las irregularidades y violaciones a los Derechos Humanos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ante la CNDH. Aunque esta última dijo que no era su competencia, la Profepa inició un procedimiento administrativo en el marco de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

En la investigación de la Profepa se encontraron inconsistencias técnicas de las coordenadas y la cantidad de barrenos presentadas en los Informes Preventivos Ixtaca I al IV, y por ello abrió un procedimiento para que se determine si la empresa será multada.

Almaden Minerals presentó información a sus inversionistas en Canadá que no presentó en México: pidió más dinero para “continuar agresivamente con la barrenación dentro y alrededor”, de acuerdo con un anuncio del director ejecutivo documentado en el informe. Tampoco le ha informado a sus inversionistas extranjeros de los riesgos económicos del proyecto debido a todas las irregularidades. Almaden insiste en la viabilidad del proyecto pese a todos los señalamientos de la población, que ha denunciado que la minera da apoyos tanto en especie como económicos a la gente y no les da información correcta acerca del proyecto.

Durante la presentación del informe en la ciudad de Puebla, los defensores y habitantes hicieron hincapié en que aunque el proyecto todavía no está en la etapa de explotación, ya se han violado Derechos Humanos y se ha dañado tanto al medio ambiente como al tejido social en la fase de exploración.

Patricia Legarreta, investigadora de PODER, dijo que en general no se le ha puesto atención a los proyectos de exploración, aunque la mayoría de los proyectos extractivos que existen en el país están todavía en esta fase. Erróneamente se piensa que durante la etapa de exploración no hay problemas, pero en esta etapa –que en el caso de Ixtacamaxtitlán lleva más de cinco años– también hay afectaciones y violaciones a los Derechos Humanos.

Algunos de los daños ambientales que ya han ocurrido son la presencia excesiva de Diesel y cemento. Silvia Villaseñor, del Consejo Tiyat Tlali, dijo que para la cantidad de barrenos que se han hecho se ocuparon cerca de 38 mil litros de Diésel que ya están tirados en barrancas, y 200 mil kilogramos de cemento, que taponea ríos y arroyos y desvía paulatinamente el curso del agua.

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