EZLN condena represión en comunidad indígena de Michoacán

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POR ISAÍN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ , Chis. (apro).- El Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) manifestaron esta noche su repudió contra la represión que vive la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, y condenaron la embestida gubernamental.

En una misiva conjunta denunciaron que los gobiernos no sólo fueron cómplices del atentado contra Cemeí Verdía el 25 de mayo de 2015, sino que liberaron a los culpables Juan Hernández Ramírez -entonces presidente municipal de Aquila- y José Antioco Calvillo.

Acusaron que el gobierno “encarceló a Cemeí Verdía con cargos inventados y asesinó al niño Hidelberto Reyes García”.

En el texto agregaron que “los malos gobiernos ahora pretenden detener al comandante Germán Ramírez, fabricándole delitos y culpas a quienes luchan y defienden la tierra y a sus familias. Mientras, al mismo tiempo, se reagrupan los miembros del cártel de Los Caballeros Templarios que ya se encuentran reorganizados y fuertemente armados al oriente del municipio de Aquila”.

El CNI y el EZLN explicaron que el delito de los comuneros, policías comunitarios de Ostula y autodefensas de la sierra costa de Michoacán ha sido no aceptar la muerte y el terror que los malos gobiernos y la delincuencia organizada en la región ofrecen como única opción.

Por el contrario, dijeron, “con su resistencia y rebeldía, Ostula no sólo nos ha enseñado la dignidad de un pueblo organizado, sino que ha demostrado al mundo que es posible construir la paz y la justicia en medio de la destrucción en la que los capitalistas han sumergido a este país”.

Además, repudiaron este nuevo ataque a la comunidad indígena de Ostula y responsabilizaron de esta agresión a “los malos gobiernos”, al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, “cómplices de los líderes templarios ‘El Tena’, ‘El Tuco’, ‘Chuy Playas’ y Federico González (‘Lico’)”, a quien la comunidad ha señalado en numerosas ocasiones como el responsable del asesinato de 34 comuneros y la desaparición de seis más.

Por último, los denunciantes responsabilizaron a las autoridades mencionadas “por la sangre que quieren ver correr para proteger sus negocios capitalistas, de proteger en lugar de buscar y detener a los líderes templarios, de garantizar la impunidad a los militares asesinos del niño Hidelberto, de buscar a toda costa despojar las tierras comunales y recursos naturales, de buscar asesinar esa esperanza para este país que se llama Santa María Ostula”.

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