Desplazados pueden rentar, pero no en sus pueblos (Guerrero)

Margena de la O / La Silla Rota

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota). Las familias de la Sierra refugiadas desde noviembre pasado en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, logran rentar una casa al ser reconocidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero no en sus pueblos.

El domingo 11 de noviembre de 2018 una balacera que provocaron unos hombres sacó a mil 600 personas de Filo de Caballos, Campo de Aviación, Los Morros, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, Balsamar y Tepozonalco, por mencionar algunos pueblos de la Sierra o de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. Después de la salida de los habitantes, los hombres de la balacera, que se presentaron como un grupo de autodefensa, se quedaron en esos pueblos y ahí continúan.

La Sierra es la región de Guerrero conocida por ser donde más se siembra amapola, pero desde hace meses, antes de este desplazamiento forzado de familias, los habitantes se quejaron de una baja en el precio de la goma de opio que sacan de los bulbos de la flor, principal economía de la región.

Al salir de su pueblo, Campo de Aviación, y al llegar a Chichihualco, Crescencio Pacheco González, promotor de la legalización de la amapola con términos medicinales y ex autoridad de su comunidad, dijo que este desplazamiento provocado tiene que ver con intereses de empresas mineras por apoderarse de la ruta hacia la Sierra, a través de estos grupos armados.

Desde el noviembre que salieron de sus comunidades, para 65 familias de esa región –llegaron más, pero varios buscaron refugio por su cuenta–, el auditorio municipal de Chichihualco fue su casa. Las últimas semanas también lo fue para ocho familias de Tlaltempanapa, un pueblo de Zitlala, municipio de la Montaña baja de Guerrero, que comparte circunstancias similares de inseguridad a las de la Sierra.

Las 73 familias en total, consiguieron rentar una casa en la misma cabecera municipal de Leonardo Bravo.

Después de 39 días de entre febrero y marzo de plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y pláticas con el subsecretario de Derechos Humanos, Población Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, estas familias víctimas de desplazamiento forzado lograron que la CEAV los acogiera y con ello les cubriera el pago mensual de la renta y una despensa (“ayuda humanitaria”).

El lunes pasado, por la mañana, dejaron el auditorio. “Cada quien se va a mover para donde estén rentando”, comentó Pacheco González. Las familias consiguieron una vivienda, pero aún no les garantizan regresar a sus casas. “Hubo amabilidad de la gente de Chichihualco”, agregó el promotor, también víctima de desplazamiento forzado.

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